El equipo económico del gobierno argentino defendió hoy en el Congreso el proyecto gubernamental de blanqueo de dólares que busca impulsar inversiones en el país, y pidió a los legisladores “no criminalizar” la medida.
“No (se debe) criminalizar el blanqueo de capitales que propone el gobierno porque no contribuye a una solución sino que empeora el problema”, expresó el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, uno de los cinco funcionarios que durante más de siete horas expusieron en la Cámara de Senadores.
Kicillof consideró “probable que en paraísos fiscales se encuentren depositados unos 200.000 millones de dólares” no declarados por argentinos, suma que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “aspira inyectar al mercado local a través del blanqueo”.
Por ese motivo, el funcionario
negó que la medida se trate de “una amnistía para esos fondos”.
Junto a Kicillof asistieron al Congreso Nacional el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno;, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
Lorenzino reconoció que “aún no están definidas las obras a las cuales estarán destinados los capitales que ingresen” al sistema “porque dependerá de la cantidad de dinero que se reciba”.
Además, aseguró que “no hay ninguna razón por la que el gobierno tenga que pensar en una devaluación” de la moneda, que a su criterio “traería como consecuencia ineludible un proceso inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los que cobran en pesos”.
El gobierno argentino espera que el proyecto de ley presentado esta semana tenga un rápido tratamiento legislativo a partir de la mayoría de diputados y senadores con que cuenta.
La medida recibió críticas
de parte de los partidos políticos de la oposición y algunos economistas, aunque fue aceptada con esperanza por los representantes de la industria de la construcción.
El plan del gobierno argentino consta de dos instrumentos financieros para captar divisas no declaradas por los ciudadanos.
Implica una amnistía impositiva, con un perdón de la deuda fiscal que hubieran generado esos capitales, como también la extinción de toda posible responsabilidad judicial vinculada con las leyes penales cambiaria y tributaria. Quienes blanqueen dinero quedarán libres de toda acción civil, penal o administrativa en su contra.
Los ciudadanos podrán optar por un certificado de depósito en dólares (Cedin), que emitirá el Banco Central y se podrá usar como moneda para compras inmobiliarias y financiar construcciones; o un Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), que cotizará en el mercado de capitales, vencerá en 2016 y otorgará un rendimiento del 4 por ciento de interés anual.
Este es el segundo blanqueo de capitales que impulsa la jefa de Estado, luego del realizado en 2009 y que permitió ingresar unos 4.000 millones de dólares al sistema legal.
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